El presidente Emmanuel Macron firmó la nueva norma el 30 de octubre. Esta permite que las autoridades puedan cerrar los lugares de culto durante seis meses si “hay diseminación de teorías e ideas o actividades (...) que llevan a la comisión de actos terroristas o una defensa de esas acciones”.
El parlamento aprobó el texto abrumadoramente. También fortalece los poderes de la policía y los funcionarios para investigar en propiedades privadas y públicas sin una orden judicial, incluidas las estaciones de tren y los aeropuertos.
Los funcionarios ahora también pueden confinar sospechosos de terrorismo a sus ciudades natales, limitando así sus movimientos. Con esta ley, Francia pone fin al estado de emergencia temporal en el que vivía el país desde noviembre de 2015, cuando los terroristas mataron a 130 personas en París. Había sido prorrogado varias veces, pero definitivamente terminó el 1 de noviembre de 2017.
La ley “garantizará la plena seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo Macron, algo que varias organizaciones de derechos civiles francesas no comparten dado que la nueva ley “podría erosionar las libertades fundamentales”. Sin embargo, las encuestas sugieren que la nueva ley tiene un amplio apoyo social.
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